Jul 26, 2011

El reto de una generación

Por Román Macaya Hayes

Asegurarnos el acceso a la salud y a una pensión digna es el reto político más importante de nuestra generación. La pregunta a responder es, si lo asumimos o no. Hacerlo es complicado, de largo plazo en beneficios y corto plazo en costos. Nos dolerá a todos y está minado de medidas impopulares. Pero no hacerlo, es dejar de ser Costa Rica.

Perder la Caja nos lleva a un país con dos sociedades, una donde la gente con recursos y sus hijos se pueden curar y la otra no. Pone en riesgo a la clase media de caer en la pobreza por una enfermedad, y a la mayoría, de vivir una vejez indigna. El colapso de la Caja nos lleva a una destrucción de la Costa Rica que conocemos. No debe haber impunidad con los responsables directos de esta debacle o con quienes han usado la Caja como mercancía política.

El Gobierno ni paga ni reconoce su inmensa deuda. El Estado-deudor es débil a la hora de cobrar a las empresas morosas. Mucho del cuerpo médico de la Caja no cumple su horario de trabajo y tiene serios conflictos de interés. No se impulsan programas de prevención ni se innova en el modelo de atención, no se invierte en infraestructura y se pagan altísimos costos en servicios subcontratados, que la institución puede y debe dar. Pero, aún si todo esto funcionara de manera eficiente y eficaz, no se han tomado las previsiones para enfrentar el cambio demográfico de nuestra población para los próximos 40 años.

El envejecimiento acelerado de la población es de altísimo impacto en salud y pensiones. En el 2050 tendremos aproximadamente el mismo número de personas entre 20 y 44 años de edad de hoy (alrededor de 1.830.000), pero pasaremos de los aproximadamente 300.000 adultos mayores a casi 1.300.000.  Los adultos mayores consumen en promedio 13,5 veces más servicio de hospitalización per cápita que los adultos entre 20 y 44 años, lo cual explica por qué los servicios de medicina de la Caja internan principalmente adultos mayores como pacientes.  Para el 2050 nuestro sistema de salud pública tendrá que más que cuadruplicar su capacidad de atención de adultos mayores.

El envejecimiento de la población también crea un enorme reto a la sostenibilidad del sistema de pensiones.  Hoy, por cada adulto mayor hay 9 personas entre las edades de 20 a 64 años; en el 2050, habrá solo 2,67 personas entre 20-64 años por cada adulto mayor. Menos costarricenses financiarán las altas demandas de servicios médicos de la población de adultos mayores, que a su vez requieren de pensión y el tiempo para prevenirlo es hoy.

Pronto el tema del aumento de cuotas obrero-patronales, y más adelante la edad de jubilación, estarán en el tapete. Las marchas y huelgas no cambiarán la realidad que se nos avecina con el envejecimiento de la población, ni la fría matemática actuarial.  Estas discusiones son delicadas, y solamente avanzarán si hay confianza en los actores y sus intenciones y una alta capacidad de diálogo y negociación.

La Presidenta ni siquiera ha empezado a enumerar las medidas impopulares necesarias para salvar nuestro acceso universal a la salud y el sistema de pensiones. Se empieza con la Administración, despolitizándola y des-mediocretizándola, sumando gente comprometida con el modelo solidario en salud y voluntad para corregir lo que está mal. Debemos nombrar Directores que controlen y administren el horario de los médicos en turnos, orienten incentivos hacia mayor productividad y calidad, y terminen con los conflictos de interés.

Debemos formar más médicos, especialmente especialistas, con el compromiso formal de ejercer su profesión por unos años, en zonas del país donde se necesiten. Las residencias deben ser asignadas de acuerdo a una planificación.

Es necesario capitalizar a la Caja para satisfacer las necesidades de los costarricenses. Cumplir con el  mandato Constitucional de cubrir los faltantes de la Caja y la obligación de que hasta un 15% de las utilidades de las empresas públicas, se entreguen a la Caja como lo exige la Ley de Protección al Trabajador. La inversión racional en informatización y equipamiento es indispensable y se paga sola, con el ahorro derivado de no subcontratar a terceros lo que la institución puede proveer de manera eficiente y eficaz, por sus economías de escala.

Optimizar la logística en la compra y almacenamiento de suministros, especialmente medicamentos, garantizándonos la mayor competencia y calidad en las licitaciones es tarea urgente. El Ministerio de Salud debe elaborar un reglamento para registrar “biosimilares” de medicamentos biotecnológicos, de altísimo costo. Actualmente existe un fuerte lobby de las empresas farmacéuticas multinacionales en contra de tal posibilidad, para mantener monopolios aun después de vencidas las patentes.

El sector empresarial tendrá que formalizar a todos sus colaboradores y reportar salarios reales de todos los ejecutivos.  Los profesionales liberales tendrán que cotizar a la misma tasa que el resto de los cotizantes formales.

Patear la bola y no resolver los problemas de la Caja es ser cómplice de la destrucción de un país cuya prioridad, a pesar de los últimos gobiernos, es su gente.

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