Aug 28, 2011

Hatillo Saturado

Clinicasolon_large
crédito de foto:Clínica Solón Núñez, Hatillo. Fuente: Sitio Web de la CCSS

Por Luis Diego Molina

Una clínica con capacidad para atender a 27 mil asegurados tiene adscritos a 245 mil. A esto deben sumarse más de 120 mil personas que son remitidas desde un cantón vecino para ser atendidos por especialistas.

Este es un ejemplo de los problemas de saturación de servicios y hacinamiento que viven los vecinos de Hatillo y que podrían agravarse, pues desde el año 2008 se dio potestad al INVU de utilizar el 70% de las zonas de reserva natural del distrito para construir viviendas, lo cual aumentaría la cantidad de habitantes de la comunidad y podría afectar al medio ambiente.

Con una población proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2008 de 45,272 habitantes en 4,27 kilómetros cuadrados, el distrito posee una densidad de unos 10,600 habitantes por km2. El Programa de Reordenamiento Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) considera que el crecimiento poblacional no sería problema mientras se expandan de igual manera los servicios.

Sin embargo el ejemplo de la Clínica Doctor Solón Núñez Frutos ha alertado a muchos habitantes de la zona: existen más de 80 agrupaciones ciudadanas que demandan una mejora en las condiciones sociales del distrito. El agravamiento de estos problemas los llevó a crear desde diciembre de 2009 la Mesa de Diálogo de las Fuerzas Vivas de Hatillo, cuya principal lucha consiste en la demanda de un hospital para los llamados “Barrios del Sur” de San José.

Atención médica colapsada y dificultades sanitarias

Para Carlos Molina e Isabel Fallas, coordinadores de la Mesa, el principal problema de Hatillo es la salud, entendida de manera integral, tanto en la atención médica como en lo referente al ambiente. Ambos formaron parte de la Junta de Salud de la Clínica, que es un ente auxiliar de la institución conformado por ciudadanos, pero alegan que debieron salir de ella por presiones políticas.

Este grupo denuncia, además, la ineficiente recolección de la basura y la destrucción de áreas verdes en alamedas para construir calles, la falta de EBAIS que padece el distrito y la utilización de las áreas de reserva como bodegas donde se arrojaron materiales de construcción del Estadio Nacional y la Radial a Escazú.

Pero su principal lucha es por la construcción del hospital. “No importa donde hagan el hospital, mientras funcione”, argumenta Calos Molina. Él asegura que desde la creación de la Clínica de Hatillo en 1975 no se le han realizado mayores inversiones y por eso está totalmente colapsada. En ella trabajan 45 médicos y la falta de espacio impide contratar a más profesionales o expandir las instalaciones. A esto se suman más de 500 personas de Alajuelita que se atienden a diario a pesar de que ese cantón posee su propia clínica, la cual ha resultado insuficiente para atender a su población.

Por estas razones enviaron desde el 15 de febrero de 2010 una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) una carta acompañada por 2800 firmas solicitando una audiencia para proponer la creación del hospital. Sin embargo la carta fue remitida a la gerencia médica.
Después de reunirse en reiteradas ocasiones con Rosa Climent, la gerente médica de la CCSS y con la presidenta ejecutiva de esa institución Ileana Balmaceda han recibido una misma respuesta: no hay recursos para ello.

“Hatillo se mantiene como área de salud tipo dos, osea no es un hospital. Vamos a trabajar en el reforzamiento de Ebais en la zona y esperamos construir al menos cuatro entre finales de este año y comienzos del próximo”, dijo el Dr. Armando Villalobos, Director de la Región de los Servicios Médicos el Sector Sur de San José.

Y el panorama se complica aún más para esta causa: la dirección de la Clínica y la actual Junta de Salud de la misma no apoyan la petición del hospital. “Eso es una majadería de un grupo de gente”, afirma Dagoberto Quirós, presidente de la Junta. “Para hacer un hospital no solo hay que hablar de infraestructura, sino también de equipamiento. Y el Hospital San Juan de Dios está aquí a cinco minutos”, agregó Quirós.

Para la Dra. Milena Quijano, directora de la clínica, el hospital podría ser una buena opción a largo plazo. “A corto plazo lo que se necesitan son Ebais y todo depende de la infraestructura que se tenga. La CCSS ya dialogó con los vecinos sobre el hospital y les explicó sus dificultades”, aseguró la médica.

Las reiteradas negativas llevaron a la Mesa de Diálogo a tomar dos decisiones: presentar un proyecto de ley para que el hospital sea una realidad, el cual fue redactado por miembros del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y posee el número de expediente 17968; y la planificación de una gran manifestación frente a la CCSS para expresar públicamente el descontento de los habitantes de Hatillo. Para este fin cuentan con el apoyo expreso de la Unión Cantonal de Asociaciones de Alajuelita (UCADEA), cantón que redirige a sus habitantes a la clínica de Hatillo.

“Nos tratan como limosneros, como si en Hatillo fuéramos ciudadanos de segunda clase”, denunció Isabel Fallas. “Hemos hecho todos los trámites habidos y por haber y no nos hacen caso”, agregó con indignación.

En cuanto a la posibilidad de la construcción de un hospital en alguno de los demás distritos del sector sur de la capital, Armando Villalobos asegura que la CCSS está realizando un estudio para analizar la viabilidad de dicho proyecto.

Hatillo necesita 13 EBAIS pero solo tiene tres pequeños consultorios. A esto se suma el agravante de que se han multiplicado los asentamientos humanos en las riveras de los ríos María Aguilar y Tiribí, ambos con altos niveles de contaminación.

“Ya se han registrado casos de tuberculosis, que se conoce como la enfermedad de los pobres, y que se supone que había sido erradicada”, comentó Isabel Fallas. La atención de esta enfermedad fue confirmada por la directora de la clínica pero ella asegura que este mal nunca desapareció completamente del país, sino que es un problema que ha estado latente.

Ambiente, densidad y cambio de uso del suelo

El tema del cambio de uso del suelo de las áreas protegidas también ha generado rechazo por parte de las organizaciones sociales hatillences, incluida la Asociación de Desarrollo Integral, e incluso ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad.

Estas áreas protegidas, de 629 563 m2 de extensión, propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) fueron declaradas en 1994 como utilizables únicamente para creación de “parques y facilidades comunales anexas”, a través del decreto ejecutivo 22778-MP-MIVAH.

Sin embargo, durante la pasada administración Arias Sánchez se modificó dicho artículo mediante un nuevo decreto ejecutivo, el 34303-MP-MIVAH, el cual autoriza al INVU a construir viviendas y edificios comerciales en el 70% de dichas áreas, dejando protegidas únicamente el 30% que la Ley Forestal no permite urbanizar debido a encontrarse en pendientes.

Este cambio de uso se dio a pesar de que los considerandos IV y V del primer decreto rezan que “la densidad habitacional de Hatillo requiere de nuevas zonas de esparcimiento recreacional” y que “los vecinos de Hatillo han solicitado repetidamente al INVU que no desarrolle nuevos proyectos habitacionales en esa zona”.

Es por ello que los miembros de la ADI y la Mesa de Diálogo pidieron al diputado del Frente Amplio, José María Villalta que presentara la Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto 34303-MP-MIVAH, la cual se encuentra en estudio desde el 1 de junio pasado.

Los principales argumentos esgrimidos en esta denuncia son “violación del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y del principio de participación ciudadana en materia ambiental por exclusión arbitraria y cambio de uso suelo del 70% de la zona de reserva creada para fines de protección ambiental y esparcimiento recreacional de las y los habitantes del distrito de Hatillo, San José, sin estudios técnicos que lo justifiquen ni consulta previa a la comunidad”.
Villalta denuncia que el decreto tan solo se basa en los estudios del Proceso de Proyectos Terminados del INVU, los cuales solo indican en cuales áreas hay factibilidad de construir viviendas, sin tomar en cuenta el impacto ambiental.

Además, afirma que se irrespetó el derecho constitucional a la participación ciudadana en asuntos que puedan afectar el ambiente (artículos  9, párrafo primero y 50 de la constitución política). Por ello solicita que se suspendan los efectos de la norma impugnada y se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº 34303-MP-MIVAH.

“El INVU no quiere construir, quieren vender al mejor postor. Ese decreto lo hicieron porque el INVU necesita plata”, aseguró Grace Campos, la presidenta electa de la ADI de Hatillo.

“Esas tierras tienen que usarse para construir estaciones de bomberos y de la Cruz Roja, no casas”, agregó Campos. Ella afirma que ni el INVU ni la Municipalidad saben cuáles terrenos le pertenecen a cada uno.

El actual regidor de la Municipalidad de San José Daguer Hernández aseguró en un pronunciamiento en el 2008 que el decreto “va a provocar una mayor saturación y hacinamiento de los servicios, medios de transporte y vías, así como una desmejora del ambiente y la calidad de vida de los hatillenses”.

Al consultar a funcionarios del INVU, aseguran que no han sido notificados sobre la acción de inconstitucionalidad contra el decreto. “En cuanto a la integración de la parte ambiental es de competencia municipal”, afirmó Zaida Jiménez, encargada de prensa de la institución, a través de un correo electrónico.

Por su parte, el alcalde de San José, Johnny Araya, afirmó en un artículo sobre el tema publicado por el Semanario Universidad (15-6-11) que desconoce el decreto y que a él no le beneficia en nada.

Otro servicio que se encuentra actualmente desbordado es la educación. En el distrito sólo existen dos secundarias que atienden a aproximadamente a 2800 estudiantes. En el caso del Liceo Edgar Cervantes, que cuenta con 1800 estudiantes, las secciones son de 40 alumnos, cuando lo recomendable es que sean menos de 30. Eso significa que la institución cuenta con al menos un 25% de sobrepoblación.

Estas son algunas de las razones por las que los vecinos rechazan la creación de nuevos proyectos de vivienda en la zona e incluso analizan la posibilidad de demandar al Estado costarricense con apoyo del PASE para que se derogue este decreto ejecutivo y se atiendan las necesidades urgentes de la zona.

Comentarios

    Buenos días mi molestia es este mi hija tiene una ernia en el disco de la columna , ayer amanecio mjal se fue a emergencia de la clinica solon lo unico que ole hicieron fue una inyeccion y le dijieron que sacara cita en el ebais ya que somos de Hatillo ocho , hoy a la cinco de la mañana llegamos solamente habia 15 personas delante de nosotras para la sopresa que le dijieron cita hasta la una de la tarde y que le puede decir ella a su patrono , estamos mas mal que cuando estamamos en el la clinica, despues dicen que es para mejoras como van a decir para mejoras si desde las cinco de la mañana para que den cita a las a la una y esperando que sea un buen medico que le toque...

Añadir comentario