Oct 5, 2013

Estado costarricense intenta evadir consulta indígena

Fuente: MNICR

A pocos días de la trágica fecha para los pueblos indígenas, el 12 de octubre, cuando el gobierno y sectores sociales celebran el “Día de las Culturas”, los indígenas no tienen nada que celebrar porque sus derechos históricos y reconocidos por las leyes del país y el derecho internacional no son aplicados, tal el caso de la Consulta para el Consentimiento  Previo, Libre e Informado (CPLI), consagrado en el Convenio 169 de la OIT y ratificado por Costa Rica desde hace 20 años. 

La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), como organización indígena que promueve y defiende los derechos indígenas, facilitando procesos de desarrollo autónomo de los pueblos, por su relación permanente con las comunidades, organizaciones y dirigencia, monitorea el (in)cumplimiento de la aplicación de los derechos indígenas por parte del estado costarricense y hace incidencia para encontrar soluciones. 

En las diferentes administraciones de los poderes ejecutivo y legislativo, y lo mismo sucede en las municipalidades y universidades, ha existido ausencia de voluntad para aplicar la Consulta y hacen interpretaciones alejadas a su espíritu, llevando a cabo, constantes esfuerzo para suplantar o evadir el ejercicio de este derecho, sin tomar en cuenta la legislación nacional e internacional, y los antecedentes políticos y jurídicos, que sobre la materia se han generado en el país, donde el caso exponencial es el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. 

La referida situación, entre muchos otros casos se ilustra con, 

Casos consumados

  • La Ley de Biodiversidad en su artículo 78 inciso 6), protege los Derechos Intelectuales Sui Géneris (DCSG) de los Pueblos Indígenas, el poder ejecutivo sin consulta reglamentó este inciso mediante Decreto Ejecutivo N° 34959-MINAET-J-COMEX, del 11 de diciembre de 2008, y fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2012. 
  • El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), sin consulta hizo la adjudicación de la administración del sistema de acueducto y alcantarillado del Territorio Indígena de Térraba, y fue declarada inconstitucional por la Sala IV, en mayo del 2013.

Las resoluciones de inconstitucionalidad son producto de sendos recursos presentados por líderes indígenas. 

Casos en proceso

  • Aprobación e implementación del Decreto N° 37801-MEP, “Reforma al Subsistema de Educación Indígena” que impulsa el Ministerio de Educación Pública (MEP). En la mayoría de los territorios indígenas existen preocupaciones sobre este decreto y coinciden con el análisis realizado por la MNICR, la aprobación del instrumento se dio sin haber sido consultado a los pueblos indígenas como lo consigna el Convenio 169 de la OIT, únicamente se llevaron a cabo reuniones con algunos miembros de Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS) y bajo procedimientos inadecuados, no se tomó en cuenta a los pueblos, sus formas propias de gobierno y organización; el contenido del texto del decreto publicado es distinto al que se dio a conocer en las reuniones, carece de vinculación a la visión de desarrollo en el cargo de un gobierno indígena articulado, interfiere en el gobierno indígena al incorporar funcionarios del ministerio en los Consejos Locales de Educación, no se ha facilitado información de calidad y capacitación a las comunidades y se desconoce si existen procedimientos consensuados con los indígenas para el nombramiento e instalación de los Consejos y las comunidades están siendo presionadas para la existencia de los mismos. Además el Decreto N° 37801-MEP se presenta como una reforma al Decreto Nº 22072-MEP de 1993, pero este sigue vigente ya que primero no lo deroga, y  no se apega a la Constitución Política del país. Varias comunidades se están oponiendo a la conformación de los Consejos Locales y además han presentado recursos de amparo ante la Sala Constitucional. 
  • El proyecto “Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) que impulsa el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), donde han hecho importantes esfuerzos e inversiones para aplicar un mecanismo de consulta totalmente improcedente, que generalmente toma en cuenta a algunos directivos de Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADIS), y deja por fuera a las formas indígenas de organización propia y a la población indígena en general. A las ADIS se les ha vendido la idea que es urgente la aprobación de REDD+ para que puedan recibir en el corto plazo sumas millonarias de dólares por Pago de Servicios Ambientales (PSA), hecho que fomenta la división en las comunidades y territorios, sus organizaciones y liderazgos, así como entre territorios del país.

 

  • La empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), desde hace aproximadamente 20 años está intentando construir una mega hidroeléctrica que afecta directamente a los pueblos indígenas ubicados en la región de Buenos Aires y Pérez Zeledón, en la región sur del país, actualmente se llama Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), partir del 2005 unilateralmente incursiona con notoriedad a los Territorios Indígenas de Térraba, China Kichá y territorios vecinos, en febrero del 2008 en Decreto 34312-MP-MINAE el gobierno lo declara de  Conveniencia Nacional e Interés Público, y muy pronto construyó instalaciones (campamento) y comenzó a perforar un túnel en el Territorio de Térraba, sin observar en lo más mínimo el derecho a consulta de los pueblos indígenas, además contrata algunos líderes indígenas para que promuevan las  “bondades” del proyecto y a la vez actúen como representantes comunitarios, este hecho ha causado división entre familias, organización y comunidades.

Las organizaciones indígenas térraba en particular y el movimiento indígena regional y nacional, unieron esfuerzos y en su debido tiempo pidieron al ICE / PH El Diquís, información veraz y de calidad, la suspensión toda acción que afecte a los derechos indígenas, la suspensión de las obras y su retiro de Térraba hasta que se llevara a cabo la consulta conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, ante la falta de respuestas del ICE, comenzaron a realizar gestiones tanto en el país como ante los entes especializados de las Naciones Unidas, obteniendo entre otros resultados, a) Reunión con el Relator de la ONU para pueblos indígenas, en su visita extraoficial realizada al país en noviembre de 2008, en el marco de un evento con el Sistema de Naciones Unidas (SNU); b) Visita oficial del Relator en abril del 2011, donde constató el incumplimiento del estado de los derechos indígenas y recomendó: i) La necesidad de un proceso de consulta adecuado: El objetivo de la consulta: El consentimiento libre, previo e informado; Medidas para establecer un ambiente de confianza; La participación y representación en el proceso de consulta; La definición del proceso de: la “consulta sobre la consulta” y ii) Cuestiones de fondo más allá del proyecto hidroeléctrico: La recuperación de tierras; Reformas en la legislación en materia indígena y representatividad (El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas). Producto de esta visita el PH El Diquís desmontó el campamento y paralizó los trabajos en el túnel; c) Segunda visita del Relator para observar posibles avances del cumplimiento de sus recomendaciones; d) En setiembre de 2012 la Sala IV declaró la nulidad parcial del Decreto 34312-MP-MINAE y el numeral 8 lo declaró constitucional, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 se realizara en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación, el plazo venció y la consulta no se realizó; e) En el tribunal Contencioso Administrativo de Goicochea que tramita un juicio incoado contra el PH El Diquís. 

A pesar de las oportunas alertas indígenas a las instituciones públicas sobre las pautas y mecanismos que implica un proceso de consulta, y los antecedentes de declaratorias de inconstitucionalidad como el caso del Decreto Ejecutivo N° 34959-MINAET-J-COMEX y el acueducto de Térraba, entre otros casos, las instituciones públicas persisten en su afán de no celebrar las consultas apegadas al Convenio 169 de la OIT, continúan impulsando procedimientos inadecuados en aproximadamente una decena de temas. En estas dependencias existen funcionarios con buena voluntad, sin embargo siempre trata de implementar la consulta con sus mecanismos y desde su visión, sin llenar las bases mínimas del Convenio 169 y la experiencia existente en el país, iniciativas que hasta tienen vicios de constitucionalidad.

Caso Asamblea Legislativa

  • El poder legislativo hace lo propio para saltarse la consulta indígena, sus Comisiones, con una distinguida excepción de la Comisión de Asuntos Sociales, en el caso del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, aplican a los proyectos de ley que afectan a los indígenas, el Articulo 157 de su reglamento, que se refiere a consultas institucionales, y corren audiencias por 8 días a ciertas personas, organizaciones indígenas y ADIS, mecanismo que dan como válido para una consulta indígena. De esta cuenta han aprobado varias leyes y otras están en trámite bajo el mismo procedimiento. Los indígenas han advertido a la Asamblea Legislativa que el Convenio 169 en ningún caso puede ser sustituido por el Artículo 157 del reglamento legislativo, en consecuencia toda aquella consulta a la que se le aplique esta última norma jurídica carece de validez.

Caso Municipalidades

  • Simplemente no hacen consultas en la aprobación de proyectos, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, etc.

Queda claro entonces, que todos aquellos proyectos, planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, políticas públicas, decretos ejecutivos y leyes, que sean aprobados por las instituciones gubernamentales, municipalidades y Asamblea Legislativa, sin cumplir estrictamente con el procedimiento de la consulta para el CPLI consignado en el Convenio 169 de la OIT, y su posterior invalidez o declaratoria de inconstitucionalidad, es única y exclusivamente responsabilidad de quienes impulsaron consultas viciadas. Y que los indígenas al ejercer acciones y acudir a la Sala IV lo único que hacen es defender sus derechos y contribuir significativamente a la institucionalidad democrática de Costa Rica.

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