Nov 11, 2014

Estado costarricense criminaliza lucha indígena

San José, Costa Rica, 11-11-14 (MNICR).

El líder bribri Sergio Rojas Ortiz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) del Territorio Indígena de Salitre, en Costa Rica, fue encarcelado al dictarle medidas cautelares de prisión preventiva o una fianza desproporcionada para la capacidad de cualquier dirigente indígena, por una supuesta administración indebida de recursos provenientes del Pago de Servicios Ambientales (PSA), a través de la institución gubernamental Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). La denuncia fue presentada por indígenas que tienen una estrecha relación con personas no indígenas ocupantes de tierras en Salitre, quienes de acuerdo al gobierno territorial no han demostrado la legalidad de dicha ocupación. La detención se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, después que la Fiscalía de Asuntos Indígenas, acompañada de un fuerte contingente de varios cuerpos de seguridad del gobierno, realizó diez allanamientos en Salitre.

Asunto de fondo: Despojo de las tierras y sus recursos indígenas

El despojo de la tierra y recursos indígenas viene desde hace décadas debido a las acciones promovidas por instituciones gubernamentales, las transacciones de tierras por diversas formas inmorales e ilegales de indígenas a no indígenas minifundistas y latifundistas ocupantes ilegales, con la complicidad de abogados y notarios; situación que la gubernamental Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) ha desatendido y debió haber evitado de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, por lo tanto se convierte en cómplice.

En los últimos años la presión sobre las tierras indígenas se ha incrementado considerablemente por parte de poderes del Estado, privados, y políticos, por intereses particulares en la construcción de hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones mineras, petroleras y de gas natural, situación que la cual personas no indígenas ocupantes ilegales de tierras, aliados con indígenas que han perdido su identidad y relación cosmogónica con la tierra, ven una oportunidad de oro para obtener exorbitantes indemnizaciones del Estado por las tierras propiedad de los pueblos indígenas.

La situación de la tierra en territorios indígenas es bastante grave, en el Territorio de China Kichá, de la extensión de tierra que les corresponde, únicamente está en sus manos el 2% (equivalente a 3 hectáreas para toda la comunidad) y en el de Altos de San Antonio, solo el 3%. El resto de la tierra es ocupada ilegalmente por no indígenas.

El proceso de recuperación de la tierra, los indígenas lo llevan a cabo utilizando los procedimientos legales establecidos en la legislación nacional. En Salitre la recuperación está a cargo de la autoridad que el mismo estado estableció para la administración del territorio, por lo que se encuentra dentro del marco legal, no es una acción individual. En los pueblos indígenas quienes ejerzan el gobierno territorial tienen la obligación de continuar con el propósito de recuperación de la tierra. Los ocupantes ilegales en Salitre han reaccionado de múltiples formar incluyendo violentas, como: el intento de asesinato contra Sergio Rojas (setiembre 2012), actualmente Presidente del la ADI; lesiones con arma de fuego y blanca a Wilbert Ortiz Delgado; amputación con arma blanca de dos dedos de una mano a Marcos Obando Delgado, y heridas con arma blanca a Mainor Ortiz Delgado, a quien además LO MARCARON CON UN HIERRO CALIENTE EN EL PECHO, como se marca el ganado (enero del 2013).

Campaña de desinformación

Los no indígenas ocupantes ilegales de tierras, ante el hecho inminente de tener que devolver las tierras, han montado una estrategia para desinformar a la comunidad nacional, con la finalidad de quedarse con las tierras que no les corresponde o bien que el Estado los indemnice por un derecho que aún no han demostrado tener, y más bien deberían de ser castigados penalmente por talar la montaña y convertir esas áreas en potreros. En esta campaña están utilizando a personas no indígenas para que ofendan, difamen, discriminen y criminalicen a los indígenas en las redes sociales, especialmente facebook, quienes es sabido, tienen fuertes intereses personales en las tierras indígenas y en el beneficios que les representan ser voceros de los ocupantes ilegales; así como a algunos indígenas funcionarios públicos. La prensa comercial, especialmente el diario La Extra, tiene una campaña sistemática, un show mediático, favoreciendo evidentemente a las personas ocupantes ilegales de tierras indígenas y sus recursos, mezclando hechos puntuales de supuestos delitos atribuidos a indígenas, con la situación de los ocupantes ilegales; la Extra en sus “investigaciones” entrevista religiosamente a un circulo de personas que están al servicio de los invasores, y las presenta como voceras de la realidad histórica del Territorio de Salitre, con lo que pretende posicionar como verdad hechos que son totalmente falsos.

Caso del bribri Sergio Rojas Ortiz y la responsabilidad del Estado

El caso de una supuesta administración indebida de recursos económicos provenientes del PSA que está siendo atribuida al bribri Sergio Rojas, es un hecho que tiene que ser resuelto en los tribunales de justicia, donde Sergio puede demostrar su inocencia. En el fondo, estas denuncias son un claro mensaje de criminalización de la lucha indígena, para amedrentar los pueblos indígenas y su dirigencia que en forma creciente y sostenida autónomamente avanzan en la recuperación de la tierra que les ha sido usurpada de múltiples formas.

El modelo de PSA no reconoce que los territorios indígenas son sistemas colectivos, el sistema de conservación que impulsan no establece una sintonía con el sistema cultural de conservación de los pueblos indígenas, por lo tanto no establece mecanismos con pertinencia cultural para garantizar el manejo transparente de los recursos. Para FONAFIFO, los territorios indígenas son una finca más, visto así, FONAFIFO tiene una altísima responsabilidad en lo que sucede en Salitre y pueda suceder en otros territorios indígenas.

Si las actuales reglas administrativas para el manejo de los PSA y los contratos han sido elaboradas y definidos por FONAFIFO, entonces preguntamos ¿Cuál es el dolo en la forma que los territorios manejan los recursos del PSA? Si en el caso del bribri Sergio Rojas, existiera dolo, entonces las personas responsables de FONAFIFO también deberían estas siendo investigadas administrativas y penalmente, hasta imponerles medidas cautelares.

Los pueblos indígenas históricamente no han sido del interés de los poderes del Estado y sus instituciones, excepto para apoderar de sus tierras y recursos naturales y de la biodiversidad. Algunos menciones,

  • Los casos de tierras presentados por los indígenas son resueltos varios lustros después por los tribunales de justicia.
  • Los casos de violencia contra los indígenas no son atendidos diligentemente por tribunales de justicia.
  • Las medidas cautelares impuesta por un tribunal de justicia al bribri Sergio Rojas, son desproporcionadas.
  • La Fiscalía de Asuntos Indígenas, moviliza fuertes contingentes de distintos cuerpos de seguridad del estado, y pide medidas cautelares desproporcionadas cuando un indígena es acusado de un supuesto delito. Caso de Sergio Rojas. Sin embargo actúa pasivamente cuando son los indígenas los denunciantes.
  • Las fuerzan de seguridad no se movilizan con fuertes contingentes en los casos donde los indígenas son víctimas; pero no ha sucedido lo mismo en el cierre de calles y manifestaciones realizadas por los no indígenas ocupantes ilegales de tierras indígenas.
  • FONAFIFO no ha sido transparente en la información de información a los territorios, especialmente con los indígenas que son poseedores de los bosques sometidos al PSA.
  • Bajo el supuesto de respeto a la Autonomía Indígena, FONAFIFO actúa irresponsablemente ante hechos anómalos en el PSA de lo que son informados por indígenas, por lo tanto esta institución es la primera responsable de estos sucesos.
  • La falta de transparencia en la información de FONAFIFO se agrava actualmente en el caso del manejo del proyecto REDD+. Las comunidades están siendo desinformadas cuando los promotores asalariados únicamente les dicen que si participan en REDD+ van a recibir mucho dinero.
  • El Ejecutivo conoce muy bien la actuación histórica de CONAI en contra los indígenas, pero no hace nada para corregir la situación. CONAI cuenta con promotores (funcionarios públicos) en todos los territorios del país.
  • La Asamblea Legislativa no asume su responsabilidad política de actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, el 22 de este mes, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, cumple 20 años de trámite legislativo y no se aprueba o rechaza.
  • El agua potable de la ciudad de Buenos Aires, viene del Territorio Indígena de Ujarrás. En el territorio no tiene agua potable.

Los poderes del estado deben tomar de inmediato las medidas preventivas y correctivas expeditas para resolver de una vez por todas, la situación de las tierras indígenas, con lo cual demostrarían que no están avalando la ocupación ilegal de las tierras indígenas.

El Poder Ejecutivo debe de,

  • Analizar los procedimientos legales y de forma expedida expulsar de todos los territorios indígenas a todas las personas no indígenas que son ocupantes ilegales de las tierras.
  • Abrir inmediatamente una investigación a fondo  sobre el funcionamiento de CONAI. El trabajo que deben realizar en base a su reglamento versus el trabajo que realmente desempeña, así como el impacto en los pueblos indígenas. La existencia de procedimientos administrativos contra algunos funcionarios y si los mismos están siendo tramitados a derecho y en su debido tiempo, o están engavetados.
  • Intervenir en forma urgente FONAFIFO para determinar: 1) El grado de responsabilidad de esta institución en la forma y fondo del manejo de los PSA, en territorios indígenas, y 2) Revisar si existe o no una política clara y con pertinencia cultural de los PSA. De lo contrario se corre el riesgo, que por la irresponsabilidad de FONAFIFO todos los dirigentes indígenas tengan que enfrentar juicios en los tribunales de justicia.
  • Abrir inmediatamente una investigación contra toda aquella persona que esté involucrada en el comercio, traspaso y cobro de indemnizaciones ilegales de tierra en los territorios indígenas.
  • Agilizar los procesos de delimitación, amojonamiento y saneamiento de la tierra en los todos los Territorios Indígenas. Proceso que está avanzado en el Territorio de Salitre. 

El Poder Judicial –Fiscalía y Tribunales– debe de,

  • Actuar con la misma celeridad y dimensión en los casos denunciados por los indígenas, tal como lo hacen cuando los indígenas son los denunciados.
  • Abrir una investigación a toda persona involucrada en el comercio ilegal de tierras indígenas, así como en los casos donde se han pagado indemnizaciones desproporcionas por supuestas mejoras. Se debe tomar en cuenta cuál era el estado de la tierra y sus recursos cuando fue ocupada por no indígenas y cuál es el estado de mejoría por el que están cobrando.

La Asamblea Legislativa debe de,

  • Aprobar de inmediato el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente 14.352.
  • Ejercer control político sobre las instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades directas con los pueblos indígenas y que históricamente actúan en contra de ellos.

Los poderes del estado, aplicando los derechos de los pueblos indígenas, tienen la oportunidad de demostrar que Costa Rica es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, de justicia social y el más feliz, tal como lo predican al mundo.

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